Para
la jornada de ayer los sindicatos CCOO, UGT, CGT, CNT, entre otros, y asociaciones
como la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (no son ningún sindicato,
sino una entidad que se rige legalmente por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación) habían convocado una huelga
general en España, la primera desde que gobierna Pedro Sánchez. Aunque ha
habido múltiples motivos para convocar una movilización de estas
características durante los últimos 8 años, no fue hasta el pasado 19 de
octubre cuando las entidades organizadoras de la protesta registraron esta
convocatoria ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social, dos días antes
del inicio de la campaña electoral y 18 días antes de las elecciones generales.
El
lema de esta convocatoria fue “Huelga general por la vivienda y el coste de
la vida” y sus reivindicaciones eran, según su propio Manifiesto 11N:
– Exigimos
expropiar toda la vivienda vacía, la vivienda destinada a usos turísticos y la
vivienda en manos de grandes propietarios para convertirla en un gran parque de
vivienda de titularidad pública permanente.
– Exigimos contratos indefinidos y alquileres asequibles, cuyos precios estén
vinculados a los salarios reales de la población trabajadora.
– Exigimos la paralización inmediata de todos los desahucios.
– Exigimos la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales.
– Exigimos una actualización de salarios y pensiones que nos permita vivir
dignamente.
– Exigimos unos servicios públicos de calidad al servicio del pueblo
trabajador.
– Exigimos pueblos en los que poder vivir y trabajar.
Hasta
aquí, nada que objetar. Pero lo que restó toda legitimidad al parón fue que la
protesta no se dirigía contra la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel
Rodríguez; o contra la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; o
contra la ministra de Sanidad, Mónica García; o contra el ministro de
Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (ministro saliente) y Carlos
Cuerpo (ministro entrante); ni tan siquiera contra el Gobierno central (PSOE-Sumar),
sino que el blanco de las críticas eran dos formaciones políticas que no gobiernan
y que están en la oposición: Partido Popular y VOX. Estábamos, pues, ante
una huelga política y, por tanto, según el ordenamiento jurídico vigente en
España, una huelga ilegal. El artículo
11 del Real Decreto-ley 17/1977 dice que “una huelga es ilegal cuando se
inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena
al interés profesional de los trabajadores afectados”. Y es que, según los
propios manifestantes, la convocatoria era para protestar contra una posible supuesta
o posible coalición entre PP y VOX tras las elecciones del 29N (cuando aún
quedan más de dos semanas para los comicios, cuando, evidentemente, aún no se
sabe qué resultados arrojará el escrutinio y, principalmente, cuando una
democracia se fundamenta en asumir los resultados electorales tras una votación
libre por parte de los ciudadanos). Pero es que el propio líder de UGT, Pepe
Álvarez, advirtió ayer a PP y Vox que “Si no escuchan, no llegarán a
gobernar, si no entienden los problemas de la inmensa mayoría de los
ciudadanos y las ciudadanas, no llegarán a gobernar”.
Lo
más preocupante y grave, sin embargo, han sido los posicionamientos radicales
de algunas entidades como la asociación Sindicato de Inquilinas. Su
portavoz en Madrid, Alicia del Río, ha llegado a decir auténticas
barbaridades como que si gobierna PP-VOX “No sabemos qué pasaría con
nuestras compañeras del colectivo LGTBI, que a lo mejor acabarían presas en
un calabozo, o con un tiro en la nuca". El mismo día
de la huelga Del Río aseguró que “somos un sindicato que avanzamos a través
del conflicto" y que "No queremos acuerdos en despachos,
no queremos falsa paz social. Queremos conflicto". Asimismo,
tras la huelga de ayer, la coportavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos
de Madrid, Valeria Racu, ha manifestado en TVE que "El
conflicto social va a aumentar [...] La violencia va a aumentar
[...]”.











